Dian contrató estudio para modificar tarifas del impuesto, pero simplificarlo es un tema polémico.
Uno de los enredos más comunes del IVA es que obliga a los colombianos a pagar un valor distinto por un producto, como el pan blanco, por ejemplo, dependiendo de dónde lo consuman.
Si es para comérselo en la casa, les cuesta 200 pesos, pero si lo consumen en la cafetería, tendrán que pagar 32 pesos más, porque el servicio en restaurantes y hoteles paga una tarifa del 16 por ciento.
Los abogados manejan múltiples demandas, debido a la maraña de normas que rodean el IVA. Pedro Sarmiento, de Deloitte, cuenta el caso del Ensure: se discute si es medicina o alimento. Si es lo primero, está exento del tributo; si es lo segundo, no.
Esas son muestras de la complejidad del IVA, el impuesto más enredado en el Estatuto Tributario, donde cuenta con más de seis páginas dedicadas a explicar las 10 tarifas diferenciales, o el interminable listado de los productos excluidos -con tarifa cero- y los exentos -que pagan IVA, pero se devuelve-.
Este desorden, tanto para el que factura como para el que administra los impuestos, llevó a la Dian a contratar un estudio para modificar la base y las tarifas, es decir, quiénes finalmente pagarán, sobre qué productos y cuánto.
Así lo reveló el director de la entidad, Juan Ricardo Ortega, que en el Congreso habló sobre los avances de la reforma tributaria.
Los 'descaches' del IVA vienen de tiempo atrás: se aplica en el país desde 1975 y hoy está catalogado como el más modificado de la década.
En 35 años, la tarifa básica ha variado del 10 al 12, al 14 y al 16 por ciento; el gobierno de Andrés Pastrana la redujo al 15 por ciento, pero después tuvo que subirla, luego del impacto negativo que generó en los ingresos del Estado.
"En Colombia hay una reforma tributaria cada tres años. Eso es único en el mundo. El tema lo han amarrado a movimientos económicos y políticos que llevaron a desordenar el IVA, porque se terminó cediendo a requerimientos de los parlamentarios", indica el investigador de la Universidad de los Andes Jorge Andrés Tovar.
Poner al derecho el cobro del IVA es una necesidad urgente. El problema está en encontrar una fórmula que simplifique el impuesto, sin afectar el consumo de los hogares.
Sergio Clavijo, presidente de Anif, es partidario de la propuesta del FMI: eliminar beneficios a bienes exentos (con excepción de algunos bienes de capital) y elevar la tarifa de algunos bienes gravados al 10 por ciento hasta el 16.
Para Camilo Herrera, presidente de Raddar, el aumento de la base y de las tarifas impacta el consumo como un aumento de precios y estima que, si se aplica el 2 por ciento a todos los productos que no estaban gravados, causaría una contracción del consumo de los hogares de un 0,9 por ciento, pero dijo que "el choque sería momentáneo, pues se ajustaría a corto plazo".
El investigador Jorge Andrés Tovar advirtió que "la diversa condición económica de los colombianos no da para una sola tasa, porque se termina castigando a unos y beneficiando a otros. Sucedió con el celular: se le impuso un IVA del 20 por ciento porque era para los ricos y ahora es un producto masivo. Los pobres fueron afectados".
¿Menos bienes excluidos?
Esos productos tienen una tarifa de 0 por ciento
El Gobierno estaría buscando simplificar el IVA a través de la reducción del número de los productos excluidos y la fijación de solo tres tarifas.
Colombia, además, como miembro de la CAN, firmó en el 2004 un acuerdo de armonización del IVA, que regirá desde el 2012, que señala que los impuestos tipo valor agregado tendrán una tasa general no superior al 19 por ciento. Los países de la CAN podrán fijar una sola tasa preferencial, que no deberá ser inferior al 30 por ciento de la general para gravar los bienes y servicios excluidos.
